El 9 de julio ha sido la fecha elegida para interponer un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas demandando las leyes valencianas urbanísticas a través del Reino de España, puesto que sólo pueden demandarse los estados y nunca las comunidades autónomas.

Tal recurso tuvo su génesis en las denuncias de 2004 por parte de la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN), una asociación formada en la Comunidad Valenciana para luchar por los derechos de los ciudadanos afectados por la LRAU y la LUV y que está en trámites de formar una federación nacional.

El recurso pretende que se declare que las leyes urbanísticas valencianas LRAU y LUV han incumplido directivas europeas sobre los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Se considera que la figura de los PAI está relacionada con dichos contratos públicos pues incluyen la realización de obras públicas de infraestructura por parte de agentes urbanizadores seleccionados por las administraciones locales. Superado cierto montante económico, los PAI debieran pues ser publicados en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas para un concurso público más abierto y con más garantías. Sin embargo, ésto no se lleva a cabo nunca. Existen también otras alegaciones explicadas en el anexo oficial procedente de la misma Comisión de las Comunidades Europeas.

Cabe destacar que el PAI “El Replà” es uno de los que ha incumplido dichas directivas. Es necesario recalcar que el deber de publicar en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas se hace en aras de que puedan concursar las mejores propuestas y evitar así el amiguismo, que es exactamente lo que ocurrió con este PAI adjudicado a la mercantil “Terras de l’Horta S.L.”, relacionada con el grupo Ballester y cuyo apoderado era Román Reig, hermano del entonces concejal de urbanismo Ismael Reig, quien incluso llegó a votar en el pleno pese a ser apercibido de la irregularidad de hacerlo. Por ello el PAI fue incluido en la queja formulada en su día por la asociación “Veïns de Parcent”, una de las más activas y conocidas en Europa por la gravedad de su caso; queja que denuncia también la violación de otras normativas europeas tanto por el PAI citado como por los otros dos (“La Solana” y “El Cantalar”), aprobados provisionalmente por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Parcent y que hoy se encuentran en tramitación en la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda pese a tener numerosos pronunciamientos en contra. Dicha denuncia motivó, entre otras cosas, una visita de europarlamentarios en 2007 y un duro informe del Parlamento Europeo, estando a la espera de la redacción de un nuevo informe después de un nuevo debate en la Comisión de Peticiones en el pasado mes de abril.

“Veïns de Parcent” confía en que Europa aplique toda su fuerza para defender a sus ciudadanos quienes han de estar amparados por leyes que deben adecuarse al marco legislativo europeo.